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De la resolución de remisión resulta que desde hacía aproximadamente veinticinco años Ambrosi, con domicilio social en Niza (Francia), distribuía en Francia los productos alimenticios elaborados por Granarolo, con domicilio social en Bolonia (Italia), sin que existiera un contrato marco o una cláusula de exclusividad.

Mediante carta certificada de 10 de diciembre de 2012, Granarolo comunicó a Ambrosi que a partir del 1 de enero de 2013 sus productos serían distribuidos en Francia y en Bélgica por otra sociedad francesa.

Ambrosi, al considerar que dicha carta constituía una ruptura repentina de la relación comercial existente entre ambas, en el sentido del artículo L. 442-6 del Código de Comercio, que no respetaba el plazo mínimo de preaviso aplicable conforme a la duración de su relación comercial, ejercitó una acción de indemnización contra Granarolo ante el tribunal de commerce de Marseille (Tribunal Mercantil de Marsella, Francia) fundada en dicha disposición.

Mediante resolución de 29 de julio de 2014, dicho tribunal se declaró competente, por considerar que se trataba de una acción en materia delictual y que el lugar donde se había producido el daño, con arreglo al artículo 5, punto 3, del Reglamento Bruselas I, era el domicilio social de Ambrosi, en Niza.

Por medio de escrito presentado el 12 de agosto de 2014, Granarolo impugnó la competencia territorial del tribunal de commerce de Marseille (Tribunal Mercantil de Marsella) ante la cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelación de París, Francia), alegando que la acción de que se trataba era de naturaleza contractual, en el sentido del Reglamento Bruselas I, cuyo artículo 5, punto 1, establece como criterio de atribución de competencia el del lugar en el que, según los sucesivos contratos celebrados para cada entrega, hubieren sido o debieren ser entregadas las mercancías. A juicio de Granarolo, dicho lugar era la fábrica de Bolonia, de conformidad con la indicación «Ex works» («Franco fábrica»), que figura en las facturas emitidas por ella, correspondiente a uno de los Incoterms establecidos por la Cámara de Comercio Internacional a fin de precisar los derechos y las obligaciones de las partes en el comercio internacional.

Con carácter principal, Ambrosi sostiene que la competencia para conocer del litigio corresponde a los órganos jurisdiccionales franceses, habida cuenta de que éste tiene por objeto una materia delictual y de que el lugar en el que se produjo el hecho dañoso está en Francia, donde se comercializan los productos alimenticios de Granarolo. Con carácter subsidiario, esta sociedad alega que no se ha demostrado que la totalidad de los contratos celebrados sucesivamente se concluyera con arreglo al Incoterm «Ex works».

El órgano jurisdiccional remitente señala que, conforme al ordenamiento jurídico francés, la acción ejercitada en el litigio principal sobre la base del artículo L. 442-6 del Código de Comercio es de naturaleza delictual y cita a este respecto diversas sentencias dictadas recientemente por la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia).

No obstante, considerando que los conceptos de «materia delictual» y «materia contractual», en el sentido del Reglamento Bruselas I, son conceptos autónomos del Derecho de la Unión, este órgano jurisdiccional estima necesario solicitar al Tribunal de Justicia que se pronuncie al respecto.

En tales circunstancias, la cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelación de París) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Debe interpretarse el artículo 5, punto 3, del Reglamento Bruselas I en el sentido de que versa sobre materia delictual la acción para reclamar una indemnización por ruptura de relaciones comerciales estables que tienen por objeto el suministro de mercaderías a un distribuidor, a lo largo de varios años, sin contrato marco ni cláusula de exclusividad?

2) En caso de que la respuesta a la primera cuestión planteada sea negativa, ¿es aplicable la letra b) del artículo 5, punto 1, del citado Reglamento a efectos de determinar el lugar de cumplimiento de la obligación que sirve de base a la demanda en el supuesto enunciado en [la primera cuestión]?»