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Derecho de la Unión

El artículo 2, apartado 1, del Reglamento Bruselas I tiene el siguiente tenor:

«Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.»

El artículo 5, puntos 1 y 3, de este Reglamento, establece lo siguiente:

«Las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandadas en otro Estado miembro:

1) a) en materia contractual, ante el tribunal del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda;

b) a efectos de la presente disposición, y salvo pacto en contrario, dicho lugar será:

– cuando se tratare de una compraventa de mercaderías, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser entregadas las mercaderías;

– cuando se tratare de una prestación de servicios, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser prestados los servicios;

c) cuando la letra b) no sea aplicable, se aplicará la letra a).

[...]

3) en materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido o hubiere podido producirse el hecho dañoso.»

[...]»

Derecho francés

Conforme al tenor del artículo L. 442-6 del code de commerce (Código de Comercio):

«I. Será responsable del perjuicio que causare, y estará obligado a repararlo, el fabricante, comerciante, industrial o persona inscrita en el censo de actividades económicas que:

[...]

5.º ponga repentinamente fin a una relación comercial estable, aunque sea de forma parcial, sin comunicarlo por escrito con la debida antelación teniendo en cuenta la duración de la misma, y sin respetar el plazo mínimo de preaviso establecido, con referencia a los usos del comercio, mediante los acuerdos Interprofesionales. Cuando la relación comercial tenga por objeto el suministro de productos con la marca del distribuidor, dicho plazo será dos veces el que procedería de no efectuarse las transacciones con esa marca. En defecto de los mencionados acuerdos, el Ministro de Economía podrá fijar, por Orden Ministerial, un plazo mínimo de preaviso para cada categoría de productos, teniendo en cuenta los usos del comercio, y regular los requisitos para la ruptura de una relación comercial, especialmente atendiendo a la duración de ésta. Lo dispuesto anteriormente se entenderá sin perjuicio de la facultad resolutoria, sin que deba mediar preaviso, en el supuesto de que la otra parte incumpliere sus obligaciones o en caso de fuerza mayor. Cuando la ruptura de la relación comercial resultare de la competencia generada en virtud de subastas no presenciales, el plazo de preaviso será dos veces el que procedería aplicando lo dispuesto en el presente apartado en el supuesto de que el preaviso inicial fuere inferior a seis meses, y de al menos un año en los demás casos.»