Fundamentos jurídicos

1. Las resoluciones judiciales que el actor considera vulneradoras del principio de igualdad consagrado en el art. 14 de la Constitución Española, así como de los arts. 13 y 35, consisten en unas Sentencias dictadas por la Magistratura de Trabajo núm. 3 de Barcelona y por el Tribunal Central de Trabajo, como consecuencia de una acción de despido ejercida por el demandante, que declaran la nulidad del contrato de trabajo que celebró con el titular del Hostal «Sant Pancras» por carecer del requisito de autorización de residencia exigible para trabajar en España a todo extranjero, incluso cuando es ciudadano de un país hispanoamericano que está exento de la necesidad de proveerse de permiso de trabajo.

En opinión del demandante, subordinar la validez del contrato de trabajo a la previa obtención de la autorización de residencia, supone una exigencia contraria a la legalidad y de imposible cumplimiento, pues la autoridad gubernativa condiciona el otorgamiento de dicha autorización al previo permiso de trabajo dispensado por la autoridad laboral, por más que dicho permiso no fuera exigible en su caso. Esta fue, en efecto, según demuestran las certificaciones remitidas en virtud de la prueba practicada, la situación real durante el período de tiempo en que el actor prestó sus servicios en el Hostal «Sant Pancras», situación que, por vulnerar la legalidad, hubo de ser corregida por resolución conjunta de los Ministerios de Interior y Trabajo de 27 de mayo de 1983 que declaró que los súbditos hispanoamericanos estaban exentos de la sujeción a las normas que se les venían aplicando.

Ahora bien, cuál fuera la situación real en relación a la concesión de autorizaciones de residencia para los súbditos hispanoamericanos que pretendían trabajar en España durante los años 1980 a 1983 es algo que carece de toda incidencia en el presente recurso de amparo. En él no se ha suscitado el enjuiciamiento de un determinado régimen jurídico o de hecho referido al tratamiento de la situación de los extranjeros o, más en concreto, de los hispanoamericanos en España, sino de una específica vulneración constitucional producida por unas determinadas resoluciones judiciales que se limitan a declarar la nulidad de un contrato de trabajo por carecer el trabajador hispanoamericano de la correspondiente autorización de residencia.

Quiere decirse con ello que la materia que puede ser objeto del pronunciamiento de este Tribunal en el recurso de amparo se reduce a la constitucionalidad o inconstitucionalidad -desde la perspectiva del derecho de igualdad, que es el derecho presuntamente vulnerado- de la exigencia del previo requisito de la autorización de residencia para reconocer a un hispanoamericano la capacidad para formalizar válidamente un contrato de trabajo, y no alcanza al modo y condiciones de obtención de dicha autorización, pues no se enjuicia un acto administrativo de denegación de una autorización que ni siquiera fue solicitada por el actor, aunque es claro que quien pretende ser amparado en el ejercicio de los derechos que el Ordenamiento español le concede ha de satisfacer también las obligaciones que de él dimanan. En la medida, pues, en que la actuación administrativa no ha sido instada por el demandante, ninguna influencia posee el sentido que hipotéticamente hubiera tenido dicha actuación, o incluso el sentido que efectivamente tuvo en casos similares; por ello, el resultado de la prueba practicada carece de toda trascendencia para la resolución del recurso.

2. Partiendo de una interpretación de la legalidad, que manifiestamente no es arbitraria, las resoluciones judiciales impugnadas han entendido que, si bien los súbditos de países hispanoamericanos, junto a otros con los que España ha mantenido unas muy especiales relaciones, están exentos de la necesidad de proveerse del permiso de trabajo exigido a los restantes extranjeros, no lo están, en cambio, de la autorización de residencia, pues aquella exención recae sobre los hispanoamericanos «que residan y se encuentren legalmente en territorio español», circunstancia que requiere la obtención de dicha autorización. Es, pues, a tales sujetos y en tal circunstancia a quienes, según la interposición judicial, se reconoce la equiparación con los ciudadanos españoles para el trabajo.

Aunque el demandante cuestiona tal interpretación, estimando que la legislación vigente no exige autorización de residencia para reconocer la capacidad laboral de los hispanoamericanos en España, en cuanto que sus razones se mueven en el plano de la pura legalidad no suscitan cuestión alguna sobre la que este Tribunal haya de pronunciarse. Es al Juez ordinario al que compete la interpretación de la legalidad ordinaria y su decisión debe ser asumida por este Tribunal y no puede ser sustituida por otra diferente en un recurso de amparo cuando ello no viene reclamado por la necesidad de ajustarla a la Constitución.

Siendo ello así, el objeto del recurso de amparo y del pronunciamiento de este Tribunal queda ya correctamente delimitado: se trata de saber si la exigencia de un requisito administrativo como es la obtención de la autorización de residencia a unos determinados sujetos -los ciudadanos de países hispanoamericanos- para el reconocimiento de su capacidad de formalizar válidamente contratos de trabajo vulnera o no el principio de igualdad. Estando, obviamente, constituido el término de comparación por los ciudadanos españoles, lo que interesa es determinar si, desde el punto de vista constitucional, los ciudadanos extranjeros -y, en concreto, los hispanoamericanos- deben ser tratados igual que los españoles en relación a la contratación laboral. Conectado con ello es como debe entenderse la invocación por el demandante de los arts. 13 y 35 de la Constitución, que en sí mismos considerados no pueden, obviamente, fundamentar un recurso de amparo.

3. Cuando el art. 14 de la Constitución proclama el principio de igualdad, lo hace refiriéndose con exclusividad a «los españoles». Son éstos quienes, de conformidad con el texto constitucional, «son iguales ante la Ley», y no existe prescripción ninguna que extienda tal igualdad a los extranjeros.

La inexistencia de declaración constitucional que proclame la igualdad de los extranjeros y españoles no es, sin embargo, argumento bastante para considerar resuelto el problema, estimando que la desigualdad de trato entre extranjeros y españoles resulta constitucionalmente admisible, o incluso que el propio planteamiento de una cuestión de igualdad entre extranjeros y españoles está constitucionalmente excluido. Y no es argumento bastante porque no es únicamente el art. 14 de la Constitución el que debe ser contemplado, sino que, junto a él, es preciso tener en cuenta otros preceptos sin los que no resulta posible determinar la posición jurídica de los extranjeros en España.

A tenor del art. 13 de la Constitución, «los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título en los términos que establezcan los tratados y la Ley». Ello supone que el disfrute de los derechos y libertades -el término «libertades públicas» no tiene, obviamente, un significado restrictivo- reconocidos en el Título I de la Constitución se efectuará en la medida en que lo determinen los tratados internacionales y la Ley interna española, y de conformidad con las condiciones y el contenido previsto en tales normas, de modo que la igualdad o desigualdad en la titularidad y ejercicio de tales derechos y libertades dependerá, por propia previsión constitucional, de la libre voluntad del tratado o la Ley.

No supone, sin embargo, tal previsión que se haya querido desconstitucionalizar la posición jurídica de los extranjeros relativa a los derechos y libertades públicas, pues la Constitución no dice que los extranjeros gozarán en España de las libertades que les atribuyan los tratados y la Ley, sino de las libertades «que garantiza el presente título en los términos que establezcan los tratados y la Ley», de modo que los derechos y libertades reconocidos a los extranjeros siguen siendo derechos constitucionales y, por tanto, dotados -dentro de su específica regulación- de la protección constitucional, pero son todos ellos sin excepción en cuanto a su contenido derechos de configuración legal. Esta configuración puede prescindir de tomar en consideración, como dato relevante para modular el ejercicio del derecho, la nacionalidad o ciudadanía del titular, produciéndose así una completa igualdad entre españoles y extranjeros, como la que efectivamente se da respecto de aquellos derechos que pertenecen a la persona en cuanto tal y no como ciudadano, o, si se rehuye esta terminología, ciertamente equívoca, de aquellos que son imprescindibles para la garantía de la dignidad humana que, conforme al art. 10.1 de nuestra Constitución, constituye fundamento del orden político español. Derechos tales como el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, la libertad ideológica, etc., corresponden a los extranjeros por propio mandato constitucional, y no resulta posible un tratamiento desigual respecto a ellos en relación a los españoles.

Puede también, sin embargo, introducir la nacionalidad como elemento para la definición del supuesto de hecho al que ha de anudarse la consecuencia jurídica establecida, y en tal caso, como es obvio, queda excluida a priori la aplicación del principio de igualdad como parámetro al que han de ajustarse en todo caso las consecuencias jurídicas anudadas a situaciones que sólo difieren en cuanto al dato de la nacionalidad, aunque tal principio haya de ser escrupulosamente respetado en la regulación referida a todos aquellos situados en identidad de relación con el dato relevante.

4. El problema de la titularidad y ejercicio de los derechos y, más en concreto, el problema de la igualdad en el ejercicio de los derechos, que es el tema aquí planteado, depende, pues, del derecho afectado. Existen derechos que corresponden por igual a españoles y extranjeros y cuya regulación ha de ser igual para ambos; existen derechos que no pertenecen en modo alguno a los extranjeros (los reconocidos en el art. 23 de la Constitución, según dispone el art. 13.2 y con la salvedad que contienen); existen otros que pertenecerán o no a los extranjeros según lo dispongan los tratados y las Leyes, siendo entonces admisible la diferencia de trato con los españoles en cuanto a su ejercicio.

En el presente caso, la igualdad pretendida por el demandante lo es para la contratación laboral, es decir, para el ejercicio del derecho al trabajo. Y tanto porque no existe tratado ni Ley que establezcan la igualdad de trato entre nacionales y extranjeros para el acceso a un puesto de trabajo -lo hay para la titularidad y ejercicio de los derechos laborales una vez producida la contratación, con excepciones-, como porque la propia Constitución sólo reconoce el derecho al trabajo para los españoles, no resulta posible la estimación del recurso.

Constitucionalmente no resulta exigible la igualdad de trato entre los extranjeros -incluidos los hispanoamericanos, pues no hay diferencia ninguna en favor de ellos- y los españoles en materia de acceso al trabajo y no existe tratado que así lo imponga, ya sea multilateral o bilateral, pues los convenios entre España y Uruguay que invoca el demandante no tienen el significado de excluir el permiso de residencia como se pretende. La existencia de una legislación que, según la interpretación de los Tribunales, exige el requisito administrativo de la autorización de residencia para reconocer la capacidad de celebrar válidamente un contrato de trabajo no se opone, pues, a la Constitución. La desigualdad resultante en relación a los españoles no es, en consecuencia, inconstitucional, y no porque se encuentre justificada en razones atendibles, sino, más sencillamente, porque en esta materia nada exige que deba existir la igualdad de trato.