Antecedentes

1. Por escrito presentado ante este Tribunal el 5 de Enero de 1994, don Omar Ras Lograhw, asistido del Letrado don Andrés Funes Monge, interpuso recurso de amparo contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca núm. 225-260, que confirmó en apelación la recaída en causa seguida por procedimiento abreviado ante el Juzgado de lo Penal de Huesca con el núm. 347/93, por los delitos de robo, utilización ilegítima de vehículos de motor y falta de daños.

2. El recurso se fundamentaba en los siguientes hechos:

a) Por el Juzgado de Instrucción de Barbastro se siguieron actuaciones, por el procedimiento abreviado, contra el hoy recurrente en amparo, resolviendo el Juzgado de Instrucción de Huesca, condenándole por los delitos de robo con fuerza en las cosas y utilización ilegítima de vehículo de motor, así como por una falta de daños, a las penas de un año de prisión menor, dos meses de arresto mayor y cinco días de arresto menor. Como medida sustitutiva de las penas impuestas, en el fallo se acordó la expulsión del condenado del territorio nacional, según lo establecido en el art. 21.2 de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España.

b) Interpuesto recurso de apelación contra la mencionada Sentencia, dicho recurso fue desestimado por resolución de la Audiencia Provincial de Huesca, de fecha 23 de noviembre de 1993, que confirmaba la de instancia en todos sus extremos.

3. El demandante consideraba que las resoluciones impugnadas vulneraban los siguientes derechos fundamentales:

-El art. 19 C.E., en cuanto la Constitución reconoce también a los extranjeros el derecho a circular libremente por el territorio nacional y residir en él.

-El art. 24 C.E., por varios motivos:

a) La posibilidad de expulsión del extranjero reconocida en el art. 21.2 de la L.O. 7/1985 debe ser acordada por el órgano judicial en cuerpo separado del de la Sentencia condenatoria, puesto que para que aquélla sea efectiva, la Sentencia ha de ser firme. En cambio, en el presente caso, la expulsión del territorio nacional fue acordada en la propia Sentencia, que por definición aún no era firme, al caber contra ella recurso de apelación.

b) Además, la resolución que acordaba la expulsión debió ser motivada en Derecho, sin que al respecto existiera argumento alguno, lo que equivalía a una vulneración adicional del art. 24.1. C.E.

c) Considera, asimismo, el hoy demandante de amparo que no se ha computado adecuadamente la pena a efectos de aplicar el art. 21.2 de la mencionada Ley. El conjunto de pronunciamientos condenatorios superan la prisión menor (máxima para poder acordar la expulsión), ya que ésta venía acompañada de las de arresto mayor y menor. En este mismno sentido se había pronunciado ya la Consulta 5/1987, de 18 de noviembre, de la Fiscalía General del Estado. Al no darse la adecuada cobertura legal de la sanción de expulsión, concluye, las resoluciones impugnadas habrían vulnerado también el art. 25.1 C.E.

d) Por último, se habría infringido el principio non bis in idem, porque la resolución de expulsión se ejecutó cuando el condenado llevaba ya cinco meses privado de libertad (teniendo en cuenta que la expulsión está concebida como alternativa a penas de esta naturaleza) y que, al haberle sido aplicado el beneficio de reducción de penas por el trabajo, le hubiera restado ya, aproximadamente, un mes para ser puesto en libertad.

Por todo lo expuesto, solicitaba de este Tribunal que dictase Sentencia estimatoria, declarando la nulidad de las resoluciones impugnadas y anulando la medida de expulsión del territorio nacional español.

Por otrosi solicitaba se acordase la suspensión de la medida de expulsión del territorio nacional y le fuera nombrado Procurador de oficio para que pudiera ostentar su representación en el proceso.

4. Por providencia de 17 de enero de 1994, la Sección Primera acordó tener por recibido el escrito y documentos que le acompañaban, así como solicitar del Colegio de Procuradores la designación, por el turno de oficio, de Procurador que le represente.

5. Por providencia de 14 de febrero de 1994, la Sección acordó tener por designada en turno de oficio a la Procuradora Sra. Soriano Cerdo, y conceder plazo de veinte días a la misma, para que formalizase la correspondiente demanda de amparo, lo que se efectuó con fecha 3 de marzo de 1994.

6. Por providencia de fecha 21 de marzo de 1994, la Sección Primera acordó, a tenor de lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, conceder un plazo de diez días al Ministerio Fiscal y al solicitante de amparo, para que dentro del mismo pudieran alegar lo que estimasen conveniente en relación con la posible existencia de los motivos de inadmisión consistentes en ser la demanda extemporánea (art. 44.2 LOTC); no haberse agotado todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial [art. 44.1 a) LOTC]; no haberse invocado formalmente en el proceso el derecho fundamental vulnerado [art. 44.1 c) LOTC] y carecer la demanda manifiestamente de contenido constitucional [art. 50.1 c) LOTC].

7. El Ministerio Fiscal, mediante escrito registrado con fecha 15 de abril de 1994, evacuó el traslado conferido, manifestando, en cuanto a la extemporaneidad de la demanda, que, aunque en autos no existía testimonio alguno de la fecha de notificación de la Sentencia, en la fotocopia de ésta aparecía como tal la del 28 de diciembre de 1993. Teniendo entrada la demanda el 5 de enero de 1994, no existiría el defecto denunciado.

Se habrían agotado los recursos en la vía ordinaria (pues, frente a la Sentencia de instancia, se interpuso recurso de apelación, sin que cupiera casación), pero no consta que se invocase formalmente el derecho supuestamente infringido, conforme dispone el art. 44.1 c) LOTC. Para resolver con acierto hacía falta tener a la vista el escrito de interposición del recurso y, en su caso, el acta de la vista.

Se aduce por el recurrente la vulneración de la L.O. 7/1985 por haberse adoptado la decisión de sustituir las penas impuestas por la expulsión en la misma resolución condenatoria sin que por tanto fuera firme el fallo y sin oír al condenado, pese a que la pena impuesta tiene una duración mayor que la menos grave de prisión menor efectivamente impuesta. La falta de audiencia al condenado no es cierta por las razones que expone la Audiencia en la parte final del fundamento jurídico primero.

Por lo demás, el criterio de interpretación del art. 21.2 de la L.O. 7/1985 que afirma el demandante que procede en relación a las penas a que se puede aplicar la medida de expulsión, es muy discutible que pueda razonablemente mantenerse. Pero en cualquier caso hay que tener presente el criterio también uniforme y reiterado del Tribunal constitucional que la interpretación de las leyes es una materia que corresponde, en virtud de lo dispuesto en el art. 117.3 C.E., a la jurisdicción ordinaria. En el presente caso no existe una aplicación arbitraria, manifiestamente irrazonable o fruto de un error patente, que atrajese a este Tribunal competencia alguna para revisar lo resuelto en el caso por los órganos de la jurisdicción a quo.

Se aduce además falta de motivación del Acuerdo de expulsión, por lo que se infringiría el art. 24.1 C.E. en relación con el 120. Es criterio del Tribunal Constitucional, que la motivación no tiene por qué ser extensa, minuciosa o detallada, y por tanto que aun la sucinta, siempre que sea razonable, satisface la exigencia constitucional. El juzgador expone su motivación, que luego será confirmada por la Audiencia en el fundamento jurídico quinto. Aparece pues infundada esta alegación.

8. La Procuradora Sra. Soriano Cerdo, dejó transcurrir el término concedido, sin que en este Tribunal se recibiera escrito evacuado el traslado conferido por providencia de 21 de marzo de 1994.

9. Por providencia de fecha 27 de junio de 1994, la Sección acordó, de conformidad con lo previsto en el art. 52.2 LOTC, , celebrar acto de vista oral, fijándose a tal efecto fecha y hora para la misma, en el día 11 de julio de 1994, a las 13 horas.

10. En el día y hora señalado se constituyó la Sala Primera, siendo defendida en este acto la parte recurrente por el Letrado don Andrés Funes Monge, y representada por la Procuradora doña María Luisa Carretero Herranz, en sustitución de su compañera Sra. Soriano Cerdo, y compareciendo el Ministerio Fiscal. En sus alegaciones, la parte actora reprodujo, sustancialmente las expresadas en la demanda de amparo.

11. El Ministerio Fiscal, por su parte, se opuso a la estimación de la demanda de amparo, en primer lugar, por considerar que concurría en el caso el vicio insubsanable de falta de invocación formal del derecho fundamental presuntamente vulnerado [art. 44.1 c) en relación con el art. 50.1 a) LOTC]. Tal defecto -que se manifestaría en la insuficiencia de las vagas referencias al art. 24 C.E. para entender salvaguardado el carácter subsidiario del recurso de amparo- provocaría, en este momento procesal, la inadmisión de la demanda.

Consideraba asímismo el Ministerio Público, en relación con la primera de las infracciones constitucionales denunciadas, que no se produjo indefensión alguna al actor, ya que, aunque la medida de la expulsión no fuese acordada en un trámite posterior a la Sentencia, la irregularidad formal producida no impidió la efectiva audiencia del actor, que pudo exponer las razones que le asistieran en contra de la medida de expulsión.

Por lo demás, y en relación con los defectos formales que el actor denunciaba, no se produjo infracción del art. 24.1 C.E. por falta de motivación de la Sentencia, pues ésta, aunque sucintamente, justificó las razones que llevaron al juzgador a aplicar la medida sustitutiva de expulsión, cumpliendo con ello la exigencia del art. 24.1 C.E. Tampoco se vulneró el principio non bis in idem, pues ni la medida de expulsión es una pena, ni tampoco lo es la prisión preventiva. De otro modo, sería de imposible aplicación la expulsión prevista en el art. 21.2 de la L.O. 7/1985. Y corresponden al ámbito de la estricta legalidad ordinaria los argumentos del actor en torno la forma en que habían de computarse las penas impuestas, al efecto de comprobar si se sobrepasaba o no el límite de prisión menor establecido en el citado art. 21.2 de la L.O. 7/1985, siendo así que, por lo demás, incluso sumadas todas las impuestas, no se excedería del límite de prisión menor establecido en dicho precepto. En suma, la medida de expulsión habría sido acordada en los términos previstos en la Ley, que es el metro de regularidad de la decisión judicial, en tanto la propia norma no fuese declarada contraria a la Constitución, lo que ni siquiera plantea el recurrente.