Fundamentos de Derecho

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PRIMERO

Pese a la incomparecencia del Letrado al acto de la vista oral, procede analizar y resolver los motivos del recurso de casación interpuesto, que constan desarrollados por escrito. El primer motivo del recurso interpuesto por la representación del condenado, por infracción de precepto constitucional al amparo del art 5 4º1 de la LOPJ, alega vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia. El motivo carece de fundamento, pues basta leer la sentencia impugnada para apreciar que el Tribunal sentenciador dispuso de una prueba de cargo suficiente y válida, de carácter fundamentalmente testifical, que valora de forma motivada y razonable. En realidad el recurrente no niega la existencia de prueba, pretendiendo en realidad una nueva valoración conforme a sus intereses, lo que es ajeno a este cauce casacional, en el que debe respetarse la valoración del Tribunal que dispuso de inmediación, si la prueba practicada es directa, como sucede en este caso, y ha sido valorada racionalmente.

SEGUNDO

El tercer motivo de recurso (al segundo se ha renunciado) alega vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías. Señala el recurrente que inicialmente se le recibió declaración como testigo, en lugar de cómo imputado, y eso le ha llevado a confundir unas declaraciones con otras, perjudicando su defensa. El motivo no puede ser estimado pues si bien es cierto que inicialmente se recibió al recurrente declaración como testigo en lugar de cómo imputado, también lo es que dicha declaración fue anulada, retrotrayéndose el procedimiento para recibirle nueva declaración en calidad de imputado, con todas las garantías. En dicha declaración anulada no incurrió el recurrente en autoinculpación alguna que haya podido perjudicar su defensa, por lo que, una vez subsanada debidamente la deficiencia, no cabe apreciar vulneración constitucional relevante que haya podido ocasionar, de forma material o efectiva y no meramente formal, indefensión alguna.

TERCERO

El cuarto motivo alega vulneración del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas. El motivo carece de efectividad pues tales dilaciones ya han sido apreciadas por el Tribunal de instancia, otorgándoles el efecto atenuatorio reconocido por la más reciente doctrina de esta Sala.

CUARTO

El quinto motivo alega infracción de ley por no haberse apreciado por el Tribunal de instancia la prescripción de las infracciones penales objeto de enjuiciamiento y condena. Alega el recurrente que entre la comisión de las infracciones y el momento en que se le recibió declaración en calidad de imputado transcurrieron más de cinco años, dado que por error su primera declaración en la causa seguida contra él se produjo en calidad de testigo, por lo que todas las infracciones se encontrarían prescritas.

La fundamentación del recurso parte del error de considerar que el "dies ad quem" para el cómputo del plazo de prescripción es el de la declaración en calidad de imputado, criterio descartado por la doctrina jurisprudencial de esta Sala. Es cierto que la determinación del momento interruptivo de la prescripción constituye una cuestión polémica por la defectuosa técnica de la expresión legal con la que se determinaba dicho momento interruptivo en el Código Penal anterior, ( "desde que el procedimiento se dirija contra el culpable", art. 114.2º del Código Penal 73 ). Técnica defectuosa no subsanada en el Código Penal de 1995 (art. 132.2º ) que utiliza prácticamente la misma expresión.

La doctrina tradicional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo estimaba que el plazo de prescripción debía extenderse desde el día en que se cometió el delito hasta aquél en que se comienzan las actuaciones para su descubrimiento y persecución, pues a eso equivale la frase dirigirse el procedimiento contra el culpable, entendiendo por procedimiento todos los actos encaminados a la instrucción de la causa ( Sentencias 6 de Junio de 1967, 25 de Mayo de 1977, 8 de Mayo de 1989, 23 de Marzo de 1990, 2 de Febrero y 18 de Marzo de 1993, 13 de Junio de 1997, etc.). De acuerdo con este criterio para la interrupción de la prescripción del delito "basta que el procedimiento se incoe genéricamente en averiguación del hecho y sus posibles autores". ( Sentencia de 13 de Junio de 1997).

Una posición más matizada estima que considerar la mera incoación de un procedimiento dirigido genéricamente a la investigación del hecho como necesariamente equivalente a dirigir el procedimiento contra todos los que finalmente resulten responsables, constituye una interpretación poco respetuosa con la redacción del precepto, por lo que es necesaria una valoración flexible de cada caso en concreto, ( Sentencias de 6 de Julio de 1990 y 25 de Enero de 1994, entre otras), siendo necesaria la individualización de la persona contra la que se dirige el procedimiento.

Lo que ha sido descartado por la doctrina jurisprudencial constante es la posibilidad de acoger la tercera posición, defendida por el recurrente, que exige para entender dirigido el procedimiento contra el culpable el auto de procesamiento o la citación formal y declaración como imputado, prescindiendo totalmente de las actuaciones anteriores que ya materialmente están dirigiendo el proceso penal hacia unos determinados denunciados, querellados o meramente implicados.

En la actualidad la doctrina prácticamente unánime de esta Sala Segunda del Tribunal Supremo adopta la posición intermedia: no basta con la apertura de un procedimiento destinado a la investigación del delito en cuestión cuando este procedimiento se dirige contra personas indeterminadas o inconcretas o contra personas diferentes de quien interesa la prescripción, pero tampoco es exigible que se dicte auto de procesamiento o se formalice judicialmente la imputación (mediante la citación a declarar en concepto de inculpado), siendo suficiente para entender interrumpida la prescripción por "dirigirse el procedimiento contra el culpable" que en la querella, denuncia o investigación aparezcan nominadas unas determinadas personas, como supuestos responsables del delito o delitos que son objeto del procedimiento, siendo equiparable a esta hipótesis los supuestos en que la denuncia, querella o investigación se dirija contra personas que, aún cuando no estén identificadas nominalmente, aparezcan suficientemente definidas, doctrina acogida sustancialmente en las sentencias de 25 de Enero de 1994, 104/95 de 3 de Febrero, 279/95, de 1 de Marzo, 437/97, de 14 de Abril, 794/97, de 30 de Septiembre, 1181/97, de 3 de Octubre, 1364/97 de 11 de Noviembre y 25 de enero de 1999, 6 de noviembre de 2000 y 27 de marzo de 2001, núm. 492/2001, entre otras muchas.

Siendo así que en el caso actual el procedimiento se incoó nominalmente contra el recurrente, por deducción de testimonio de particulares acordado por el órgano enjuiciador del procedimiento penal seguido como consecuencia de la denuncia falsa por él formulada, y en dicho testimonio se identificaba perfectamente al hoy condenado, dirigiéndose contra él el procedimiento, es claro que la fecha de deducción de dicho testimonio ha de considerarse como de interrupción de la prescripción. Dado que el testimonio se dedujo en febrero de 1988, es decir año y medio después de ocurridos los hechos, resulta manifiesto que no ha transcurrido el periodo de cinco años, ni siquiera el de tres, que pudiera fundamentar, en el caso más favorable, la alegación de prescripción de los delitos perseguidos y enjuiciados.

Ahora bien, por la misma razón procede estimar parcialmente el recurso en lo que se refiere a la condena por falta de lesiones, pues como acertadamente informa el Ministerio Fiscal, cuando se acordó la deducción del testimonio la referida falta ya se encontraba prescrita, al ser el plazo de prescripción de dos meses en el CP anterior, que era el que se encontraba vigente cuando ocurrieron los hechos.

El recurrente ha renunciado a los motivos sexto y séptimo de su recurso inicial.

QUINTO

El primer motivo del recurso interpuesto por la Abogacía del Estado insiste en la cuestión de la prescripción, con argumentos que deben darse por desestimados atendiendo a lo ya expresado al resolver el recurso del condenado.

El segundo motivo impugna la responsabilidad civil subsidiaria del Estado. El motivo carece de fundamento pues es claro que el condenado es agente de la autoridad que actúa como tal en el desempeño de sus funciones, deteniendo al perjudicado, llamando a un coche patrulla, ordenando a otros agentes que le conduzcan a la Comisaría, es decir que actúa en el ámbito del servicio público de seguridad que tiene encomendado ( art 121 del CP 95), sin perjuicio de que se extralimite y por ello delinca en el curso de dicha actuación.

El criterio acogido por la parte recurrente en el sentido de que no existe responsabilidad subsidiaria pues el delito se comete cuando el agente no se encontraba de servicio, debe ser desestimado, pues reiteradamente ha señalado esta Sala que a estos efectos ha de aplicarse la normativa interna conforme a la cual "los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallen o no de servicio" ( Sentencias de 17 de julio de 1.995 y 14 de febrero de 1998), que es lo que efectuó el acusado cuando utilizó su condición policial para la detención injustificada del perjudicado. En consecuencia, se halle o no oficialmente de servicio el recurrente, cuando acude a su condición policial para reaccionar ante un supuesto delito, invocando su condición de servicio permanente, y hace uso injustificado de las facultades que su condición de agente de la autoridad le atribuye, es claro que nos encontramos ante el supuesto prevenido en el art 121 del CP 95, y la responsabilidad civil subsidiaria del Estado es manifiesta.

Procede, en consecuencia, la desestimación del recurso.